¿Cuál fue el origen?
El día 15 de marzo de 1962, el entonces presidente de los EE.UU. de América, pronunció un discurso en el Congreso que marcó un antes y un después. Fue el primer líder mundial en establecer formalmente que los consumidores tenían derechos básicos que los gobiernos debían proteger.
En 1983, la organización Consumers International tomó la fecha del discurso de Kennedy para instituir el primer día mundial de los derechos del consumidor y, dos años después, la ONU consolidó la importancia de este día aprobando las directrices de protección de las personas consumidoras.
Historia en España
La Constitución de 1978 ya establecía las obligaciones de los poderes públicos para garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, y promover la información y educación, pero, en la primavera de 1981 estalló la tragedia del síndrome del aceite tóxico: es la intoxicación masiva que afectó a más de 20.000 personas. Más de 300 murieron en un primer momento, pero la cifra aumentó a miles con los años; los supervivientes padecieron daños crónicos.
Los afectados consumieron aceite de colza desnaturalizado para uso industrial, que fue desviado, ilegalmente, para consumo humano. El impacto fue demoledor:
- Se evidenció que el Estado no disponía de mecanismos para controlar el fraude alimentario ni la trazabilidad de los productos.
- La crisis generó una indignación social sin precedentes.
- Necesidad de estructura: el Ministerio de Sanidad y Consumo fue creado ese mismo año, tras estallar la crisis, y quedó claro que necesitaba herramientas legales reales.
En 1984 se aprobó la primera Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Nació el Instituto Nacional de Consumo, se legitimó a las asociaciones de consumidores, y se produjo la creación paulatina de las Oficinas de Información a las personas consumidoras.
Momento actual
La Unión Europea es la principal fuente de las leyes de Consumo actuales, armonizándolas para todos los países miembros, con el fin de que los consumidores tengan los mismos derechos en todo el territorio.
En España, la defensa de los ciudadanos se establece en tres niveles de Administración:
- A nivel estatal, el Ministerio de Derechos sociales, Consumo y Agenda 2030.
- A nivel autonómico, las CC.AA., que disponen de poderes ejecutivos para sancionar a empresas que cometan infracciones en materia de Consumo.
- A nivel municipal, las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), que constituyen la primera línea: ofrecen asesoramiento y tramitan reclamaciones para la solución de las controversias que se producen entre consumidores y empresarios.
Además, las asociaciones de consumidores cumplen con un papel igualmente importante, denunciando fraudes o abusos colectivos, y protegiendo a sus asociados.