El Ayuntamiento de Torrelodones no comparte el procedimiento seguido por dicha Asociación a la hora de calcular la inversión social de este municipio, que no es de 49,99 € (inversión municipal) sino de 80,85 € por habitante (inversión municipal más inversión de la mancomunidad).

En primer lugar, Torrelodones presta sus servicios sociales de forma mancomunada, lo cual es algo atípico en los municipios de más de 20.000 habitantes. Este hecho provoca no solo un mejor aprovechamiento de los recursos, sino también la existencia de unos fondos adicionales a los del presupuesto municipal con los que se ha elaborado el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. El presupuesto de la Mancomunidad THAM en 2016 fue de 2.141.907,52 €. En base al peso poblacional de Torrelodones en la Mancomunidad y una vez descontada la aportación municipal a ese presupuesto, el gasto imputable a Torrelodones fue de 713.732,66€, es decir, 30,87€ más por habitante que la cantidad señalada en el informe.

En segundo lugar, como Ayuntamiento no deja de sorprendernos que se establezca un ranking en el que sólo se tiene en cuenta la inversión en Servicios Sociales y no la renta per capita de los municipios, como si estas dos variables no estuvieran o debieran estar íntimamente relacionadas. Desde nuestro punto de vista, por ejemplo el gasto eléctrico, la limpieza del municipio o la inversión en asfalto sí que pudiera tener como referencia el número de habitantes, pero la inversión social debe estar regida por las necesidades sociales de la población, y esto es obvio, hay grandes diferencias entre los municipios, incluso entre los más cercanos.

En tercer lugar, nos gustaría poner de relieve, que los presupuestos municipales no son homogénea, lo que implica que los ayuntamientos tenemos la capacidad de determinar si la inversión social está sólo en la Concejalía de Servicios Sociales o se reparte en diferentes concejalías de manera transversal, y estas decisiones se deben tomar más en función de en qué concejalía están los mejores profesionales para prestar o supervisar los servicios, que en ocupar un lugar en un ranking que no discrimina por la realidad económica y social de los ayuntamientos.

En cuarto lugar, si tenemos en cuenta que en ningún caso las tasas y precios públicos cubren el coste de los servicios educativos, culturales y deportivos, existe también una parte de gasto social que se materializa a través de la subvención indirecta de los mismos.

Finalmente, existen diferentes subvenciones a AMPTAS, a la residencia de mayores, asociaciones y clubes municipales que tienen también un marcado carácter social, porque permiten la participación de muchos vecinos en la realización de actividades, que si tuvieran precios más elevados no podrían acceder a ellas.

Las interpretaciones sencillas de situaciones complejas, no siempre aportan luz ni trasparencia. Quizás lo correcto sería tener una mirada más amplia sobre la transversalidad de los servicios sociales, y no mirar sólo las partidas que dependen de los profesionales que han realizado el ranking.